En España, la tarea principal del procurador es actuar como intermediario entre los abogados y el cliente y los juzgados. Los procuradores proponen ampliar sus capacidades en la fase de ejecución, para equipararlas a las de numerosos países de nuestro entorno.
Según un estudio realizado sobre el sistema en 11 países europeos, sería suficiente para hacer una comparación de de los mismos. En este ranquin de tasa de éxito en la ejecución de sentencias económicas, España estaría a la cola seguida únicamente por Grecia, con un éxito del 25,4% de las ejecuciones. Otro 74,6% o no se llegan a ejecutar o llegan con grandes retrasos.
En cuanto al tiempo que se tarda en ejecutar una sentencia económica, de nuevo España adelanta solo a Grecia. El plazo medio es de seis a 12 meses. En Francia, por ejemplo, es de dos a tres meses y en Bélgica, de un máximo de dos meses.
El informe concluye que España es el único país de nuestro entorno en el que la ejecución de las resoluciones no depende del procurador. Y considera que la centralización de la última fase judicial en esa figura supondría más rapidez y eficiencia, principalmente si a ello se añaden más herramientas digitales.
Entre las funciones que ya ejercen sus homólogos en otros países y que el CGPE querría que una reforma legal les atribuyera están las de notificar la situación a los deudores, evaluar las medidas a aplicar para garantizar el cobro de la deuda, así como practicar los embargos , subastas, etc.
Por último, concluye con el conjunto de medidas que se podrían adoptar para mejorar la eficiencia en la ejecución de sentencias en España como asimilar la figura del procurador a nivel de competencias a la de sus homólogos europeos así como trabajar en una mayor implantación de medios o herramientas digitales.